F.R., una solicitante de asilo de Venezuela, había estado contando los días para poder solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como permiso de trabajo. Tener un permiso de trabajo le habría permitido encontrar empleo y salir del albergue en Manhattan donde se ha estado quedando con su esposa desde octubre.
Sin embargo, lo que se suponía que le traería alegría, en cambio le ha traído ansiedad. La ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA, por sus siglas en inglés) de Trump, aprobada el pasado julio, introdujo tarifas elevadas para presentar una solicitud inicial de permiso de trabajo, alejándose de décadas de precedente que excluía a solicitantes de asilo como F.R. de pagar tarifas y pasando a cobrar 560 dólares por un permiso de trabajo inicial — una tarifa que tienen que pagar.
Sin poder trabajar legalmente sin un permiso, dice sentirse atrapada. “Todo ha cambiado. Se siente como estar atrapada entre la espada y la pared”, dijo F.R., de 36 años. “Sentimos que tenemos las manos atadas porque no recibimos ningún beneficio, cupones ni nada por el estilo. No recibimos nada aquí, absolutamente nada”.
La nueva ley de Trump aumentó las tarifas de inmigración para varias solicitudes y procedimientos, entre ellos una nueva tarifa de 100 dólares para peticiones de asilo y la tarifa de 560 dólares para solicitudes iniciales de permiso de trabajo. Funcionarios de la administración dicen que el cambio — que forma parte de su amplia reforma del sistema migratorio del país — busca limitar el acceso a vías legales que, según la administración de Trump, han sido abusadas y han provocado retrasos en los tribunales de inmigración.
Pero inmigrantes como F.R. describen un dilema inescapable: no pueden trabajar legalmente en Estados Unidos sin el permiso, pero no pueden pagar las tarifas sin tener un trabajo. Defensores que asisten a solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York dijeron a Documented que las tarifas se han convertido en un factor decisivo para determinar si algunas familias pueden permanecer en Estados Unidos y no los méritos de sus casos.
F.R. y su pareja, T.F., quienes pidieron a Documented usar solo sus iniciales por motivos de privacidad, se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ+ y dijeron que dejaron Venezuela a finales de 2024, donde enfrentaban homofobia y acoso.
El viaje de un año hacia Estados Unidos no fue fácil, dijo T.F., agregando que tuvieron que atravesar el peligroso Tapón del Darién, una selva de 66 millas entre Colombia y Panamá que se ha convertido en una ruta migratoria para millones de migrantes que se dirigen hacia el norte. Durante la trayectoria, T.F. dijo que vieron muertes de adultos y niños.
Más allá del difícil trayecto cruzando decenas de países, la pareja sufrió un intento de violación en Guatemala y dice haber sido víctima de un secuestro en México.
“Fue un proceso muy duro. Por eso se lo digo, porque la gente no ha vivido todas esas experiencias, todas esas realidades”, dijo T.F. “Ha sido como una pequeña novela que trae alegría, lágrimas, sacrificio y dolor. Estás viendo a mucha gente morir a tu lado y no puedes hacer nada”.
No fue sino hasta finales de diciembre de 2024 cuando sintieron alivio al recibir una notificación de que su cita de la aplicación CBP One había sido programada para el 18 de enero de 2025 — tres días antes de que el presidente Trump asumiera el poder por segunda vez.
“Entramos legalmente porque en ese momento esa era la ley”, dijo T.F. sobre el programa de la aplicación CBP One de Biden que permitía a las personas hacer citas en puertos de entrada de Estados Unidos.
Aunque fueron admitidas bajo parole en Estados Unidos antes de que se aprobara la OBBBA, su petición de asilo fue presentada después de que los nuevos cambios entraran en vigor.
“He estado extremadamente ansiosa… aunque en ese momento no teníamos que preocuparnos por esto, porque nos dijeron que los permisos de trabajo para solicitudes de asilo eran gratuitos”, dijo F.R. “Pero ahora que todo ha cambiado, se siente como estar atrapada”.
Power Malú, fundadora de ROCC NYC, una organización sin fines de lucro que asiste y conecta a migrantes y solicitantes con recursos y asistencia legal, dijo que actualmente atienden aproximadamente a 300 solicitantes de asilo cada semana.
“Estamos en la primera línea, así que cada vez que este régimen decide implementar un cambio de política para seguir perjudicando a los inmigrantes notamos el impacto inmediatamente y nos ponemos a trabajar”, dijo Malú. “Nuestros voluntarios han estado poniendo dinero de su propio bolsillo para ayudar a pagar estas tarifas y ahora el número de personas que necesitan esta ayuda ha crecido drásticamente. Las personas están siendo obligadas a pagar cientos y a veces miles de dólares para cubrir trámites migratorios críticos y tarifas de apelación”.
Malú añadió que la demanda ha llevado a ROCC NYC a crear un nuevo Fondo de Acceso Legal de Emergencia para ayudar a los migrantes con sus solicitudes y para presentar apelaciones.
“Para muchas familias, estos costos administrativos — no los méritos de sus casos — determinan si permanecerán de forma segura en Estados Unidos o enfrentarán detención y posible deportación”.
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Otras organizaciones también han señalado el impacto que esto podría tener en los solicitantes de asilo. En una demanda federal, el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) impugnó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y a la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, alegando que la toma de decisiones detrás de las tarifas fue arbitraria y caprichosa. La demanda también dijo que las tarifas podrían provocar que solicitantes de asilo sean rechazados y deportados por no pagar las tarifas.
F.R. — quien ha estado buscando activamente asistencia para pagar el EAD desde mediados de febrero, incluyendo visitas a organizaciones sin fines de lucro cerca de su albergue en Midtown — dijo que la presión ha aumentado desde que escuchó sobre un cambio de regla propuesto que podría más que duplicar su tiempo de espera para solicitar un permiso de trabajo.
Bajo la ley actual de asilo, los inmigrantes pueden solicitar un permiso de trabajo 150 días después de presentar su petición de asilo y recibir su permiso después de 180 días. Sin embargo, una nueva regla propuesta, anunciada el 23 de febrero, extendería “el período de espera para solicitar autorización de empleo a 365 días”.
F.R. y T.F. dijeron que no quieren correr el riesgo de esperar aún más tiempo si la regla propuesta se aprueba después del período requerido de comentarios públicos.
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“Una vez que obtienes el permiso de trabajo, al menos puedes encontrar otro tipo de vivienda porque aquí no tienes privacidad”, dijo F.R. durante una llamada telefónica, mientras se escuchaban personas gritando de fondo. “Es muy difícil aquí, hay muchos problemas, hay muchas peleas aquí y ha sido muy duro”, dijo entre lágrimas.
T.F. dijo que, aunque está agradecida por el albergue — que también es uno de los únicos lugares donde puede obtener Wi-Fi para hacer llamadas telefónicas y seguir buscando ayuda externa — las circunstancias de no poder trabajar, sumadas a las condiciones en el albergue, han afectado su estado emocional, físico y mental.
“Pintamos arte durante dos, tres horas, incluso cuatro. Eso es lo único que tenemos aquí para distraernos”, dijo T.F. “Nunca había sufrido tanta depresión como la que he sufrido aquí en este país, nunca había estado tan mal psicológicamente aquí. Además del viaje que tuvimos que hacer para llegar”.
